Microtráfico: derribaron otro búnker de venta de drogas en la ciudad de Santa Fe
En una nueva intervención conjunta del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía de la Provincia, fue derribado un puesto de venta de drogas en barrio Barranquitas, en el marco de la Ley de Microtráfico vigente desde principios de 2024, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Acción coordinada y respuesta a los vecinos
El operativo se realizó este miércoles en Pasaje Galisteo, entre Pasaje Mitre y Juan Díaz de Solís. Fue supervisado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a funcionarios del MPA, entre ellos los fiscales Gonzalo Iglesias, Diego Vigo y Franco Carbone. También participaron Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional, y Sebastián Montenotte, subsecretario de Análisis Criminal.
Cococcioni destacó que en el lugar, además del tráfico de drogas, se registraban hechos de violencia extrema, incluso un doble homicidio. “Era un factor de degradación social, los vecinos tenían que convivir con delincuentes que entraban y salían constantemente”, señaló. A su vez, remarcó que el inmueble había sido denunciado reiteradamente a través del 911 por vecinos que lo señalaban como punto de venta y refugio de delincuentes.
Investigación en curso y delitos asociados
El fiscal Gonzalo Iglesias explicó que el derribo es parte de una investigación compleja que no sólo aborda el microtráfico, sino también otros delitos relacionados. “Este lugar estaba vinculado a hechos de violencia altamente lesiva y su investigación nos condujo a varios domicilios más”, afirmó.
Más de 50 búnkers inactivados en la provincia
Desde el inicio del año, ya se han inactivado más de 50 búnkers en diferentes puntos de la provincia. Estas acciones forman parte de las herramientas que otorga la Ley de Microtráfico sancionada a fines de 2023 por la Legislatura santafesina, que habilita a los fiscales del MPA a intervenir directamente en causas de narcomenudeo, competencia que antes correspondía exclusivamente a la Justicia Federal.
Mientras la Justicia Federal continúa persiguiendo los eslabones superiores del narcotráfico, la intervención provincial apunta a desactivar los puntos de venta concretos en los barrios, respondiendo a los reclamos vecinales y mejorando las condiciones de seguridad urbana.