El Gobierno puso en venta cuatro centrales hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro

Detalles del Proceso de Privatización

Las generadoras mencionadas estaban siendo operadas bajo prórrogas transitorias, lo que significa que su gestión había sido extendida más allá de los plazos originales sin un contrato formal. Con la privatización, el Gobierno busca transferir la operación y control de estas centrales a la iniciativa privada, lo que podría traer cambios significativos en la gestión energética del país.

La oferta del paquete accionario se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional, lo que permitirá la participación tanto de empresas locales como extranjeras. La norma establece que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, en coordinación con la Secretaría de Energía, será responsable de convocar a este concurso, asegurando que sea competitivo y expeditivo.

Situación Actual y Reacciones

Los actuales concesionarios de las hidroeléctricas seguirán operando hasta que se complete el proceso de privatización, lo que garantiza una transición ordenada en la gestión de estas instalaciones críticas. Sin embargo, el monto de venta aún no ha sido determinado, lo que ha suscitado preguntas sobre la valoración de estos activos estratégicos.

El gobernador neuquino, Rolando Figueroa, se reunió recientemente con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para discutir las concesiones actuales y futuras relacionadas con empresas como AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, cuyas concesiones han sido extendidas hasta agosto de 2025. Esta reunión refleja la preocupación del gobierno provincial por el impacto que la privatización podría tener en la economía local y en la provisión de energía.

Implicaciones para el Sector Energético

La decisión del Gobierno ha generado reacciones mixtas entre los sectores políticos y económicos. Algunos ven la privatización como una oportunidad para mejorar la eficiencia y atraer inversiones al sector energético, mientras que otros advierten sobre los riesgos asociados con la entrega del control energético a manos privadas. Las críticas se centran en el temor a que esto pueda resultar en aumentos en las tarifas eléctricas o en una menor regulación sobre el uso sostenible de los recursos hídricos.

En este contexto, es probable que continúen los debates sobre las implicaciones sociales y económicas de esta medida, especialmente en un momento en que el país enfrenta desafíos significativos en términos de infraestructura energética y sostenibilidad.