Aeropuertos: el Gobierno habilita nuevas empresas para servicios en tierra
El Ejecutivo continúa con la desregulación del mercado aerocomercial en medio de conflictos gremiales y ha autorizado a Flybondi como la primera compañía no estatal para ofrecer estos servicios.
En un contexto de creciente desregulación del mercado aerocomercial, el Gobierno argentino ha decidido permitir que empresas privadas, además de la estatal Intercargo, ofrezcan servicios en tierra en los aeropuertos. Esta medida se formalizó mediante la Resolución 326/2024 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicada en el Boletín Oficial y firmada por su interventora, María Julia Cordero.
La reciente decisión del Gobierno se inscribe dentro de una política más amplia de desregulación del sector aéreo. Esta estrategia busca fomentar la competencia y mejorar los servicios ofrecidos a los pasajeros, permitiendo que empresas privadas ingresen al mercado de servicios en tierra. Sin embargo, esta apertura ha generado tensiones con las empresas estatales y sindicatos vinculados a la navegación aérea.
La habilitación de nuevas empresas para ofrecer servicios en tierra se produce en un momento delicado, marcado por conflictos gremiales que han llevado a la declaración del transporte aéreo como servicio esencial. Estos conflictos han resultado en dos paros laborales en menos de dos semanas, reflejando la resistencia de los trabajadores ante las políticas de desregulación y sus preocupaciones sobre la seguridad laboral y las condiciones de trabajo.
Flybondi se convierte en la primera aerolínea no estatal autorizada a brindar estos servicios en tierra. Esta medida representa un cambio significativo en la dinámica del sector, ya que podría abrir la puerta a otras compañías privadas que deseen participar en este mercado. La inclusión de Flybondi es vista como un intento del Gobierno por diversificar los proveedores de servicios y mejorar la eficiencia operativa en los aeropuertos.
En paralelo a esta resolución, el Gobierno también ha implementado restricciones en los viáticos para funcionarios que realicen viajes al exterior por motivos oficiales. Esta medida refleja un enfoque más amplio hacia la austeridad y el control del gasto público, lo que puede tener implicaciones para las operaciones gubernamentales y su relación con el sector privado.
La decisión ha suscitado reacciones mixtas entre los actores del sector aéreo. Algunos ven oportunidades para mejorar los servicios y reducir costos mediante una mayor competencia, mientras que otros advierten sobre los riesgos que implica la desregulación, especialmente en términos de seguridad y condiciones laborales. Los sindicatos han expresado su preocupación por cómo estos cambios podrían afectar el empleo y las condiciones laborales dentro del sector.
La habilitación de nuevas empresas para ofrecer servicios en tierra representa un paso significativo hacia la liberalización del mercado aerocomercial argentino. Sin embargo, este cambio plantea interrogantes sobre su sostenibilidad y los efectos a largo plazo en el sector, especialmente en relación con la seguridad laboral y las condiciones de trabajo. A medida que se implementan estas reformas, será crucial observar cómo se desarrollan las relaciones entre las nuevas empresas, los trabajadores y el Gobierno, así como el impacto en los servicios ofrecidos a los pasajeros.