Santa Fe Exige la Sanción Definitiva de la Ley Contra la Violencia Digital
La nueva normativa no solo adhiere a la ley Olimpia, sino que también introduce medidas para proteger a las víctimas de acoso digital
El caso de Chachi Telesco, que hace 17 años marcó un antes y después en la lucha contra la violencia digital, ha impulsado al Gobierno de Santa Fe a presentar un proyecto de ley para la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencia digital y mediática. Este nuevo proyecto, promovido por la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad y la Defensoría del Pueblo, busca cerrar la brecha legislativa que amenaza a las víctimas de acoso digital.
La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, Alicia Tate, enfatizó la urgencia de completar la sanción de esta normativa, que no solo representa un avance significativo, sino que también conlleva riesgos que deben ser prevenidos. “El caso de Chachi fue uno de los primeros que tuvo trascendencia nacional y podría haber arruinado su vida, pero ella supo sobrellevarlo con resiliencia”, comentó Tate.
María Fernanda “Chachi” Telesco, quien ha sido una voz activa en la defensa de las víctimas de violencia digital, expresó su gratitud por los avances logrados desde su caso. “Cuando lo empecé a defender, en 2007, no había nadie que me escuchara. Ahora, siento que estamos creando un espacio que abraza a la víctima en todas sus instancias”, afirmó Telesco.
El proyecto de ley no solo adhiere a la Ley Olimpia, promulgada en 2023, sino que también regula específicamente el Código de Convivencia sobre violencia digital, imponiendo multas y penas en el ámbito provincial. La normativa contempla la tipificación de diversas formas de violencia digital, como el hostigamiento, la sextorsión y el ciberacoso, además de establecer un servicio multisoporte para contener y asesorar a las víctimas.
El reclamo por la sanción definitiva de esta ley continúa, con la esperanza de que se implementen medidas efectivas para proteger a las víctimas y prevenir futuros casos de violencia digital. La comunidad espera que esta legislación no solo brinde protección, sino que también fomente la educación sobre el uso seguro de las tecnologías en escuelas y universidades.