La discapacidad no es una enfermedad: la ANDis debe mantener su autonomía.

La reciente decisión del Gobierno de que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) pase a depender del Ministerio de Salud ha generado preocupación y rechazo en organizaciones y expertos activistas por los derechos de las personas con discapacidad. Consideran que esta medida representa un retroceso en materia de inclusión, ya que implica adoptar una mirada obsoleta que entiende a la discapacidad como una enfermedad y no como una condición.

Según Agustina Palacios, investigadora del CONICET y especialista en derechos de las personas con discapacidad, “la discapacidad no es una enfermedad, sino una condición de la persona, que depende de su entorno. El modelo social entiende que la vida de las personas con discapacidad no pasa solo por el ámbito de la salud, sino también por la educación, el trabajo, el ocio o el deporte”. Situar a la ANDis en la órbita de Salud implica un retroceso enorme desde las políticas públicas, ya que perpetúa la estigmatización y no aborda las barreras sociales y ambientales.

Celeste Fernández, abogada especialista en derechos de las personas con discapacidad, considera que la decisión del Ejecutivo “es un retroceso hasta ahora en términos simbólicos” y advierte sobre posibles impactos prácticos, como reducciones presupuestarias o una perspectiva más sanitaria en las normas.

Organizaciones como la Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) y el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) han manifestado su rechazo a esta medida y exigen al Gobierno que deje sin efecto los cambios realizados en el decreto. Consideran que situar a la ANDis en la órbita de Salud implica un retroceso jurídico al obviar lo que impone la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional de derechos humanos al que Argentina adhirió en 2008 y que tiene rango constitucional