La justicia confirmó las condenas por el secuestro extorsivo de un joven discapacitado en Gálvez

Durante el trayecto, los Quevedo se comunicaron en reiteradas ocasiones con la madre de Nicolás. La exigencia fue clara desde el primer mensaje que llegó a su teléfono antes de las 7 de la mañana: “No es joda, 200 mil dólares o no le ve más, si llama a la cana no lo ve más”. A lo largo de las siguientes horas, los secuestradores siguieron enviando mensajes cargados de presión y terror. Le indicaron que dejara el dinero debajo del puente del río Carcarañá, que cruza la autopista Rosario-Santa Fe: “Cuchame dejá la plata tirada en el puente Carcarañá, abajo hay una calle”. Más tarde, le dieron otro dato: “Tu hijo está en Ricardone, camino de tierra que va a Aldao”.

La víctima fue llevada a una casa en construcción en Aldao, ubicada en la manzana 16 de la calle Miguel Pafundi, sin numeración visible. El sitio pertenecía a la hermana de los Quevedo y a su pareja, Jonatán David Oscar Petri, ex empleado del Ejército Argentino. En esa vivienda improvisada como centro de cautiverio, Nicolás fue retenido con las manos atadas y la cabeza tapada. Lo obligaron a dormir sobre un colchón y a hacer sus necesidades en un tacho. La crudeza del secuestro se sostuvo durante varias horas, hasta que el plan criminal comenzó a resquebrajarse.

Un detalle, casi ingenuo, expuso a uno de los implicados: Franco Quevedo utilizó su teléfono personal para hacer una llamada perdida al celular de la madre del secuestrado. La señal fue captada por los agentes de la división antisecuestros de la Policía Federal, que ya seguían de cerca la pista. A partir de allí, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar: las antenas de telefonía registraron coincidencias entre la ubicación del celular de Franco y el de la víctima. El teléfono de Martín Quevedo, por su parte, fue detectado al menos catorce veces en antenas de Rosario, San Lorenzo y Aldao, todos puntos estratégicamente vinculados con la ruta del secuestro. Y como si hiciera falta más evidencia, el Ford Focus gris, vehículo central en la operación delictiva, estaba registrado a nombre de Martín.

Petri, quien al momento del hecho se desempeñaba como agente civil en el Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán, también quedó envuelto en la investigación. Se comprobó que había mantenido al menos dos comunicaciones con los Quevedo durante el tiempo que Nicolás estuvo privado de su libertad, y que la casa utilizada como lugar de cautiverio estaba bajo su órbita familiar.

Luego de horas de tensión y sin que se concretara el pago del rescate, los secuestradores decidieron liberar al joven. Lo dejaron en un camino rural cercano y fue hallado poco después por un automovilista que pasaba por la zona. La pesadilla había terminado, pero la maquinaria judicial ya estaba en marcha.

El 21 de octubre de 2024, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, conformado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Elena Beatriz Dilario, condenó a los tres responsables. Los hermanos Quevedo recibieron 13 años de prisión como coautores del delito de secuestro extorsivo agravado por la discapacidad de la víctima y la participación de múltiples personas. Petri, en tanto, fue sentenciado a 11 años de cárcel por el mismo delito. Las defensas apelaron, pero esta semana la Sala 4 de la Cámara de Casación –integrada por los jueces Gustavo Marcelo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Carlos Javier Carbajo– confirmó el fallo. Las condenas quedaron firmes.

La historia, con tintes de película de crimen, ya tiene su cierre judicial. Pero en Gálvez, el recuerdo de aquella madrugada de abril sigue vivo en la memoria colectiva.