Este Lunes, Los presos de alta peligrosidad en Santa Fe comenzarán a usar uniforme naranja
La medida busca mejorar la seguridad y visibilidad de unos 60 reclusos clasificados como "Nivel 1".
Desde este lunes, más de 60 presos considerados de “alta peligrosidad” en las cárceles de Santa Fe deberán utilizar uniformes de color naranja. Esta medida, incluida en la nueva ley de Ejecución de la Pena aprobada en diciembre de 2023, tiene como objetivo facilitar la identificación, el control y la visibilidad de estos internos, que son clasificados como “Nivel 1”.
La legislación establece en su artículo 24 un código de vestimenta que requiere el uso de ropa específica en ciertos casos. Según las autoridades, los uniformes naranjas permitirán a las autoridades penitenciarias identificar rápidamente a los reclusos de alto perfil, que incluyen aquellos con vínculos con organizaciones criminales, narcotráfico, o antecedentes de violencia y evasión.
La resolución 008/2024, que regula esta medida, estipula que los internos deberán usar estos uniformes cada vez que salgan de su lugar de alojamiento, ya sea para actividades dentro o fuera de la unidad penitenciaria. Además, se prohíbe el ingreso de visitantes con ropa de color naranja para evitar confusiones.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, ha destacado que esta medida es parte de una transformación más amplia en las condiciones de detención, con herramientas de control más efectivas. La implementación de uniformes diferenciados es vista como un paso hacia una mayor seguridad en el sistema penitenciario, aunque también ha generado críticas sobre la despersonalización de los reclusos.
Históricamente, el uso de uniformes para presos ha sido un tema polémico. En Argentina, el traje a rayas fue abolido en 1947 por Roberto Pettinato, quien consideraba que estigmatizaba a los detenidos. Sin embargo, la nueva medida en Santa Fe ha reavivado el debate sobre el tratamiento de los reclusos y sus derechos, en un contexto donde la seguridad y el control son prioridades para las autoridades penitenciarias.
A medida que se implementa esta política, la comunidad y los expertos en derechos humanos estarán atentos a su impacto en la vida de los internos y en la dinámica del sistema carcelario en la provincia.
