La Educación en Argentina: Los Diputados Aprueba la Declaración de Esencialidad
La Cámara Baja busca garantizar 180 días de clases en medio de paros docentes
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó anoche un proyecto de ley que declara a la educación como “Servicio Estratégico Esencial” en Argentina. Esta iniciativa, que recibió 131 votos a favor y 95 en contra, tiene como objetivo asegurar que todos los estudiantes del país completen el ciclo lectivo de 180 días, a pesar de las interrupciones causadas por paros docentes.
La medida surge en un contexto de creciente preocupación por la cantidad de días de clases perdidos debido a huelgas y paros en el sector educativo. Con esta declaración, se busca garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, estableciendo que tanto el Estado Nacional como las provincias deben asegurar el cumplimiento del ciclo lectivo completo.
Detalles del Proyecto
El proyecto no solo declara la educación como esencial, sino que también establece un sistema de guardias mínimas obligatorias durante las huelgas. En caso de que un paro se extienda entre uno y dos días, se requerirá que al menos el 30% del personal docente y no docente esté presente. Si la huelga dura más de tres días, la asistencia mínima deberá aumentar al 50%.
Además, se estipula que cada colegio deberá informar al inicio del ciclo lectivo sobre el servicio de guardias que implementará para garantizar el dictado de clases. Esta medida busca minimizar el impacto de las acciones de fuerza en el derecho a la educación.
Reacciones y Apoyo
El proyecto contó con el respaldo de varios bloques políticos, incluidos La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, así como de algunos aliados del oficialismo. Sin embargo, fue rechazado por la mayoría de los miembros de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, quienes argumentan que la medida podría afectar el derecho a la protesta de los docentes.
La aprobación de esta ley marca un paso significativo en la política educativa del país y refleja la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a la educación y el derecho a la huelga, en un contexto donde la educación pública enfrenta desafíos constantes. La iniciativa ahora se dirige al Senado, donde se espera un debate intenso sobre sus implicancias y su implementación.