Evalúan prisión preventiva para un empleado del Hospital Alassia por abuso sexual infantil

En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Santa Fe, el juez de la Cámara de Apelaciones, Roberto Reyes, se encuentra en proceso de deliberación sobre la prisión preventiva de Matías Eliseo Jauchen, un empleado del Hospital de Niños Orlando Alassia, y Leandro Papini, un diseñador gráfico. Ambos hombres fueron detenidos en mayo de 2024 tras ser sorprendidos en posesión y distribución de material de abuso sexual infantil. Sin embargo, recuperaron su libertad tras una decisión de la jueza Celeste Minniti, quien consideró que la Fiscalía no había demostrado suficientemente el delito de distribución, lo que ha llevado a la Fiscalía a apelar la resolución.

Detalles del caso

La detención de Jauchen y Papini se produjo en el marco de una serie de allanamientos realizados en la provincia, tras una alerta de la organización internacional Aliados por la Infancia, que trabaja en la lucha contra el abuso infantil. Durante estos operativos, se identificaron 53 archivos descargados y compartidos desde la dirección IP de Papini y 10 desde la de Jauchen, ambos ubicados en la ciudad de Santa Fe. Las computadoras de los sospechosos fueron confiscadas para ser sometidas a peritajes.

Durante la audiencia de apelación, la fiscal Luciana Escobar Cello argumentó que la decisión de la jueza Minniti era errónea, señalando que existía evidencia suficiente para justificar la prisión preventiva. Escobar Cello destacó que, en el momento del allanamiento en la residencia de Jauchen, este estaba activamente descargando archivos que contenían material ilícito. Además, la fiscal enfatizó que el programa utilizado por los imputados para el intercambio de archivos corroboraba la distribución del material, un aspecto que la jueza no había considerado adecuadamente.

La gravedad del delito

Un punto crucial en el debate es la naturaleza de las víctimas involucradas, que son menores de 13 años. La Fiscalía argumenta que la existencia de este agravante debería ser suficiente para justificar una calificación más severa de los delitos imputados. Sin embargo, la jueza Minniti había cuestionado la suficiencia del informe presentado por Aliados por la Infancia, lo que llevó a su decisión de no considerar acreditada la distribución, limitándose a la tenencia del material, un delito que conlleva penas más bajas.

La fiscal Escobar Cello también advirtió que, aunque a los imputados se les impuso la prohibición de conectarse a internet durante el proceso judicial, esto no les impide acceder a programas de intercambio de archivos mediante un nombre de usuario y contraseña. Esta situación plantea un riesgo potencial, dado que una vez que se realicen los peritajes en las computadoras confiscadas, podrían surgir nuevas pruebas que agraven la calificación legal de los delitos, aumentando las penas hasta un máximo de 50 años de prisión.

Expectativas y repercusiones

La comunidad de Santa Fe sigue de cerca el desarrollo de este caso, que ha generado un fuerte debate sobre la protección de los menores y la respuesta del sistema judicial ante delitos de esta gravedad. La decisión del juez Reyes se espera en los próximos días, y podría sentar un precedente importante en la lucha contra el abuso sexual infantil en la región.

La situación de Jauchen y Papini continúa siendo un tema de preocupación, no solo por la naturaleza de los delitos imputados, sino también por el impacto que estos casos tienen en la confianza de la comunidad en las instituciones que deben proteger a los más vulnerables. La resolución final del juez será un paso crucial en la búsqueda de justicia y en la protección de los derechos de los niños.