Ajustes y Desafíos Económicos: ¿Son Sostenibles las Medidas del Gobierno?

El presidente argentino, al asumir, prometió medidas drásticas para enfrentar la crisis económica, incluyendo la reducción de la inflación y un ajuste a la casta política. Sin embargo, sus acciones iniciales, como una devaluación del 120% y un Decreto de Necesidad y Urgencia, han generado un impacto negativo en el mercado interno, elevando los precios y afectando el consumo.

La devaluación, aunque en teoría favorece las exportaciones al hacer los productos nacionales más competitivos en el mercado internacional, ha tenido consecuencias adversas en la economía local. La liberación de precios y la falta de ajustes salariales han perjudicado a trabajadores y jubilados, quienes enfrentan un aumento en el costo de vida sin una correspondiente mejora en sus ingresos. Esto ha llevado a una disminución en el poder adquisitivo de la población, exacerbando la crisis social.

El ajuste fiscal implementado por el Gobierno ha resultado en despidos masivos en el sector público y la paralización de obras públicas, lo que ha debilitado aún más la economía provincial. Las jurisdicciones han tenido que asumir la carga de servicios esenciales, como la educación y el transporte, sin el apoyo financiero necesario del Estado nacional. Esta situación ha generado tensiones entre el gobierno central y las provincias, poniendo en riesgo el federalismo en el país.

A pesar de la intención de lograr un superávit fiscal, la caída del consumo y el aumento del desempleo han llevado a un escenario de estanflación, donde la inflación y la recesión coexisten. Las dos primeras leyes impulsadas por el Ejecutivo, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, han generado un debate sobre su efectividad. Si bien pueden tener efectos a largo plazo, los beneficios inmediatos son inciertos y dependen de la recuperación del consumo interno.

La inflación, que ha continuado su curso ascendente, ha erosionado los efectos positivos que se esperaban de la devaluación. La escasa liquidación de los exportadores, especialmente en el sector agrícola, no ha generado la cantidad de dólares necesaria para fortalecer las reservas del Banco Central, lo que limita la capacidad del gobierno para implementar políticas económicas efectivas.

Con la recaudación tributaria en descenso, el superávit fiscal se vuelve un objetivo cada vez más difícil de alcanzar sin recortes adicionales en áreas críticas como salud, educación y seguridad. Este enfoque de ajustes sobre ajustes está creando un espiral económico y social negativo, que resulta en un deterioro de las condiciones de vida de la población.

Para revertir esta tendencia, es esencial que el gobierno priorice la economía real sobre la financiera. Esto implica adoptar medidas que estimulen el consumo interno y promuevan la inversión en sectores productivos. Una propuesta viable podría ser implementar impuestos más altos a aquellos sectores que han tenido ganancias extraordinarias en los últimos años, asegurando así una distribución más equitativa de la carga fiscal.

En este contexto, es fundamental recordar que la estabilidad económica no debe lograrse a expensas del bienestar de la población. La frase “Dios salve a la Argentina” resuena con fuerza en este momento crítico, recordándonos la necesidad de decisiones políticas responsables que prioricen el desarrollo sostenible y el bienestar social