Trabajadores públicos se movilizan para frenar nueva ola de despidos masivos en el Estado
ATE convoca a un paro con movilización este jueves, en rechazo a la inminente ola de cesantías que afectará a unos 50 mil trabajadores del Estado cuyos contratos vencen el 30 de junio.
El gremio advierte que el desguace podría dejar a la administración pública sin funcionamiento.
El Gobierno se prepara para aplicar una nueva ronda de despidos masivos en la administración pública, que afectará a unos 50 mil trabajadores cuyos contratos precarios vencen el próximo 30 de junio. Ante esta situación, el gremio ATE convocó a un paro con movilización hacia Plaza de Mayo para este jueves, en coincidencia con el Día del Trabajador Estatal.
Según informó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, el plan de acción incluye también una permanencia pacífica en las oficinas de cada organismo, similar a la medida de fuerza que tomaron hace 90 días. “La idea es permanecer dentro de los ministerios y organismos hasta que llegue el primer día hábil de julio, para que se garantice la continuidad laboral de todos los vínculos que vencen a fin de mes”, explicó.
En Casa Rosada aceleran los preparativos para esta nueva ola de despidos, que seguirá el mismo método aplicado en abril: cada ministerio presenta su nómina ante la jefatura de Gabinete, bajo cuya órbita funcionan la Secretaría de Transformación y la de Simplificación del Estado. Se espera que estas áreas pasen a reubicarse en la eventual nueva estructura que Javier Milei ideó para Federico Sturzenegger.
Aguiar confrontó al Presidente, quien se había vanaglorizado en una entrevista reciente sobre su deseo de “despedir 50 mil empleados públicos” como parte de su plan de “destruir el Estado desde adentro”. “No van a despedir a 50.000 estatales. Si echan a esa cantidad directamente nos quedamos sin Estado”, aseguró el dirigente gremial.
Según un informe de ATE basado en datos del INDEC, la primera poda de despidos en abril afectó a 15.404 trabajadores de la administración pública nacional, a los que se sumaron otros 3.819 de empresas del Estado, totalizando 19.223 cesantías (un 14,6% del total).
Ante este panorama, los gremios estatales intensifican las medidas de fuerza para resistir el desguace del Estado impulsado por el Gobierno, advirtiendo que el proceso podría dejar a la administración pública sin funcionamiento.