Denuncias de abusos en escuelas: miradas más que opuestas

Desde instituciones privadas santafesinas se manifestaron preocupados por la vulnerabilidad de sus docentes. Agrupaciones feministas remarcaron la importancia de atender a toda denuncia.

En Argentina, la rápida denuncia de casos de abuso infantil que logran la correspondiente sentencia, es una de las grandes conquistas de los últimos años.
Si bien se trata de un flagelo que lejos está de desaparecer, nuestra sociedad está creciendo en conciencia de igualdad de derechos y perspectiva de género. Esto ayuda mucho a la visibilización de numerosos casos que, antes, quedaban impunes.

Además, gracias a la ESI que hoy es dictada en muchos colegios y jardines, los niños cada vez saben un poco más sobre cómo actuar ante determinmadas situaciones.

Pero, en la otra cara de la moneda, existe una realidad que también está presente en nuestro país. Cada vez con mayor frecuencia, se multiplica en todo el territorio argentino la aparición de denuncias de abusos que, tiempo después, son descartadas, o nunca terminan de ser confirmados. Mientras tanto, se encarcela a los acusados bajo la figura de una prisión preventiva, muchas veces innecesaria, y estos deben pasar largos períodos privados de su libertad por casos que terminan siendo lo que se conoce como “falsas denuncias”.

La propia ciudad de Santa Fe tiene, actualmente, varios casos verdaderamente paradigmáticos sobre este tema. Algunos de ellos fueron especialmente seguidos desde este medio.

“Pisotear garantías constitucionales”

Como el epicentro de estas situaciones suelen ser escuelas, colegios primarios o jardines de infantes, existe una creciente preocupación de parte de muchos docentes, que se sienten altamente vulnerables ante la posible aparición de este tipo de denuncias.

Al respecto, recientemente se conoció un comunicado firmado por autoridades del gremio de docentes privados y por la Junta Arquidiocesana de Educación de Santa Fe, que en un tramo, manifiesta:

“Para poder sostener la actividad protectora de nuestras instituciones, se debe resguardar también a los diversos actores que la conforman.”

El documento está firmado por Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop Santa Fe; Cecilia Santa María, secretaria de Cultura y Derechos Humanos del Sadop Santa Fe; Pbro. Andrés Rodríguez, vicario episcopal para la Educación; Liliana Santoro, presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación (JAE); Mariel Vargas, vicepresidente 1° JAE; Martín Pascual, vicepresidente 2° JAE.

“En particular nos inquietan las crecientes irregularidades en algunos procesos investigativos que implican a educadores, de tal manera que incluso se llegan a pisotear las garantías constitucionales más básicas como el principio de legalidad, el derecho a un proceso justo, la legítima defensa y la presunción de inocencia. Estos principios, consagrados en los tratados internacionales de Derechos Humanos, y que gozan en nuestra patria de rango constitucional, deben iluminarnos para garantizar procesos investigativos justos y democráticos, dando muestras de credibilidad institucional.”

Una respuesta que se veía venir

Siempre desde la vereda de enfrente respecto a lo que expresen las instituciones católicas, la respuesta a este comunicado no tardó en llegar desde los colectivos feministas.

Sin pelos en la lengua, desde uno de los espacios sostuvieron que “Sadop y la Iglesia están en contra de las investigaciones a docentes abusadores”.

Y cerraron:
“Queremos expresar nuestra enorme preocupación ante declaraciones respecto a los procesos judiciales que atraviesan docentes acusados de delitos contra la integralidad sexual de niños niñas y adolescentes. Destacamos que los procesos judiciales penales que impulsan las fiscalías especializadas en el tratamiento de estos delitos, tienen el contralor jurisdiccional y de la defensa técnica de los imputados en todas sus etapas, siendo en su caso los jueces/as quienes disponen las medidas cautelares y dictan las sentencias”.