Denuncian al Secretario General de Luz y Fuerza
La denuncia sería contra Pedro Fernández, el responsable máximo del gremio en Santa Fe, por enriquecimiento ilícito y lavado.
Una denuncia penal contra el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza Santa Fe, Pedro Orlando Fernández y personas allegadas a su entorno familiar, habría sido presentada en las últimas horas ante la Fiscalía Regional Santa Fe.
Se acusaría al gremialista de Enriquecimiento ilícito (art. 268.2 Código Penal); Lavado de activos (art. 303 Código Penal); Evasión de impuestos (Ley 27.430).
Según dicha denuncia, Fernández, actualmente funcionario de la Empresa Provincial de la Energía con “categoría 18”, al asumir en calidad e Secretario General del gremio, contaría como únicos bienes de su propiedad un inmueble casa habitación que podría calificarse de modesta, sita en el Barrio Guadalupe Oeste, calle Risso 2155, Santa Fe y un vehículo automotor, marca Chevrolet Meriva con varios años de uso en ese momento. El total de su patrimonio se estima a esa fecha en U$S 35.000.
Contrariamente, se registrarían a su nombre y de personas de su entorno familiar nueve inmuebles y ocho automotores (algunos de alta gama, otros de colección), estimándose el patrimonio en una cifra cercana a los U$S 1.700.000.
Los denunciantes creen que Fernández habría asignado bienes a personas de su entorno familiar, quienes carecen de medios económicos para adquirir los mismos. Sostienen que todos los bienes comprometidos conforman una unidad patrimonial cuyo verdadero titular sería el Sr. Pedro Orlando Fernández, ya que sus titulares carecen de toda aptitud o capacidad económico-financiera para adquirir o ser reales titulares de esos bienes.
En relación al delito de enriquecimiento ilícito atribuido a Fernández, se hace especial mención a que la E.P.E. es una empresa del Estado Provincial, por ende, parte integrante de la Administración Pública. Que, sus dependientes, en los términos de la Ley 25.188 y del art. 77 del Código Penal, son funcionarios públicos. Finalmente, que en el orden provincial la cuestión relativa al alcance de la figura de funcionario público quedó debidamente zanjada en el caso “Vorobiof, Marcelo Héctor”. Así, autor del delito mencionado, puede ser cualquier persona que ocupe o haya ocupado un cargo público en cualquiera de las funciones del Estado y en cualquiera de sus niveles.