Saín: una decisión judicial esperada

Marcelo Saín, exministro de Seguridad de la provincia, y otros siete exfuncionarios fueron imputados este martes por haber conformado una asociación ilícita que, entre otros delitos, se dedicaba a la realización de actividades de inteligencia ilegal. La atribución delictiva fue llevada a cabo en la ciudad de Santa Fe por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.

De acuerdo con la atribución delictiva, al exministro investigado –de iniciales MFS y 57 años– se le endilgó ser el jefe de la organización criminal. Por su parte, otras dos personas fueron imputadas como organizadoras. Las otras cinco personas fueron imputadas como miembros de la organización (Ver Delitos).

Asociación ilícita

Según planteó la Fiscalía en la imputación, la organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada durante aproximadamente dos años, desde –al menos– el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Tenía estructura piramidal, era encabezada por el exministro de Seguridad y por las dos organizadoras y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas (una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el OI).

Estructura piramidal

En relación al jefe de la banda criminal, se le atribuyó haber coordinado la estructura que recopilaba ilegalmente información de personas físicas y jurídicas. En tal sentido, la Fiscalía puntualizó que “en uso de su jerarquía como ministro de Seguridad, utilizó partidas de gastos reservados, omitió deliberadamente controlar al personal a su cargo, contrató servicios, personas y dispuso de otros medios para que la organización ejecute las actividades de inteligencia prohibidas”.

En cuanto a las personas imputadas como organizadoras, la Fiscalía hizo hincapié en que la información ilegal de los perfilamientos era producida por personas que dependían de ellas. Una vez construidos los datos, las dos organizadoras los compartían entre ellas y, finalmente, se los remitían al jefe de la asociación ilícita.

Acerca de las cinco personas investigadas como miembros de la asociación ilícita, se les endilgó ejecutar las órdenes ilegales que recibían, a pesar de que sabían que eran contrarias a la ley.

Perfilamientos

De acuerdo con lo explicado en la audiencia, los denominados “perfilamientos” consistían en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la provincia de Santa Fe.

Entre las víctimas hay legisladores; funcionarios políticos; autoridades judiciales; dirigentes gremiales; profesionales; periodistas y empresarios. Además, también recopilaban datos de familiares de todos ellos y de su entorno laboral.

La Fiscalía sostuvo que para la realización de los “perfilamientos”, los imputados utilizaban información que extraían de bases de datos públicas y privadas (abiertas y de acceso restringido); de legajos y expedientes penales; de evidencias obtenidas en “tareas de calle” en el marco de investigaciones y también de informantes, medios de comunicación y redes sociales.

La información que se incluía en estos “perfiles” o “dossier” contemplaba datos filiatorios; composición de grupo familiar; antecedentes laborales; información financiera, patrimonial e impositiva; carácter de empleador y personas bajo relación de dependencia; movimientos migratorios; beneficiario de servicios o prestaciones sociales, educativas y/o de salud; antecedentes policiales y judiciales; información catastral; infracciones de tránsito; socios de las empresas, capital social y objeto; fotografía del DNI; si integró alguna lista electoral en la provincia; entre otros.

Violencia institucional

La Fiscalía también afirmó que “la evidencia con la que contamos nos permite dar cuenta de que en reiteradas oportunidades, el exministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”. En tal sentido, se relató que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.

Uno de estos hechos ilícitos fue cometido el 7 de febrero del año pasado. Un abogado le informó a la imputada de iniciales NS –en su carácter de funcionaria de la Agencia de Control Policial– que personal policial había detenido a un menor de edad al que estaban golpeando en una comisaría. Ante la noticia, la imputada informó al exministro de Seguridad quien le indicó: ‘Ni se te ocurra intervenir. Y si intervienen, háganse los boludos’.

Persecución política

En los “perfilamientos” que realizaba la asociación ilícita se encontraron afirmaciones como:

– “Hasta el momento no hemos encontrado alguna pertenencia partidaria de (se reserva el nombre de la víctima)”.

– “No está claro si obedece a una suerte de ascenso en su carrera como funcionario o al intento de darle más protagonismo en el área metropolitana de Santa Fe a los fines que pueda convertirse en una alternativa dentro del menú de candidatos”.