Caso Profe Juan: la fiscalía pide 25 años y la defensa exige su liberación

En octubre de 2021, un profesor del Nivel Inicial de la Escuela Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe, fue denunciado por familiares de cinco de sus alumnas. Se lo responsabiliza de haberles “tocado la cola”. A raíz de esas cinco denuncias, que se transformaron en imputaciones por parte de la fiscalía hacia el docente, se resolvió inmediatamente su detención, encontrándose, desde entonces, en prisión preventiva.

Tras cinco meses de los hechos, el caso llegó a un punto en el cual se plantean dos caminos posibles: o se pide el sobreseimiento del profesor, porque no hay elementos para llevar la causa a juicio, o se lo acusa. Esto último fue lo que acaba de ocurrir. Se promulgó la acusación de la fiscalía, con el rótulo de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la función educativa. Se trata de un delito muy grave, por el cual piden veinticinco años de prisión para el profesor “Juan T”.

Río Noticias dialogó en exclusiva con Marcos Barceló, abogado defensor del acusado, para entender mejor los pormenores de esta causa, y conocer cómo actuará el entorno del Profe Juan ante esta grave acusación. 

“Nosotros contestamos la acusación por graves defectos formales. Atacamos no solamente la acusación, sino que también pedimos el sobreseimiento en los cinco casos”, afirmó el letrado, al tiempo que explicó que exigirán el  cese de la prisión preventiva.

El 5 de mayo habrá una audiencia preliminar, previa a la cual las partes tienen que ofrecer toda prueba de la que pretendan valerse. Al respecto, Barceló aseguró: “la fiscalía, ya desde hace un tiempo, no acompañó más evidencia. En cambio, la defensa está muy activa intentando producir pruebas como valoraciones siquiátricas de dos de las madres y del profe de educación física, e informes sociales e intrafamiliares de las cinco familias denunciantes, para descartar que el abuso sexual haya sido intrafamiliar” En esa audiencia preliminar,un juez “hace de filtro” y declara cuáll prueba es atinente y cuál no.

MÁS ALLÁ DE LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD DE LOS HECHOS, EN ESTE CASO ¿HAY UN TRASFONDO IDEOLÓGICO QUE SUBYACE POR DETRÁS DE LAS ACCIONES DE LA FISCALÍA?

Sin ninguna duda. Estas cuestiones son absolutamente ideológicas y son muy bien recibidas por ciertos medios de comunicación de la ciudad.  Uno, en particular, inclusive le dio cabida a la abuela de una de las niñas, que sabemos, fue promotora del incendio de la casa del profe. Se la podía ver alegremente en un reportaje, luego de haber incendiado la casa, y tratando de explicar por qué mataron a las mascotas. Tenemos en Santa Fe un sector radicalizado que presiona en forma abrumadora a los jueces, junto con un Ministerio Público de la  Acusación (MPA) centrado en este tipo de delitos sexuales y de género.

ESTO CONDICIONA TODO EL PROCESO, DESDE EL PRINCIPIO…

 La primera denuncia de este caso debería haber sido desestimada porque nace de una niña que venía repitiendo en varias oportunidades a su mamá que se había golpeado en un juego. Luego, un equipo de cuatro profesionales de un hospital público descartó el abuso. No conforme, la madre lleva a su hija a una quinta profesional de otro de los hospitales, donde le volvieron a reiterar que no había signos de abuso. La mujer decidió desoír las observaciones médicas e, igualmente, hacer la denuncia, a raíz de la cual la fiscalía solicita un examen médico policial. En este examen a la nena se le realizó una pregunta que es improcedente e impertinente por ser inductiva: le preguntan concretamente “¿el profe juan te hizo mal con la mano?’” y la nena responde que sí. A raíz de esto se realiza la imputación.

IDENTIFICACIÓN POR CONTAGIO

A partir de este primer episodio, según Barceló se produjo lo que se llama un efecto de identificación por contagio: “varias madres más entraron en pánico y comenzaron a interrogar a sus niñas. Así se realizan las cinco imputaciones. Pero aquella primera niña comienza a ser entrevistada por un equipo de niñez de la Municipalidad, sin intervención de la defensa. La niña no solamente que no quiere hablar, sino que este equipo determina que no estaba apta para Cámaras Gesell. Llegado el momento la someten a ese procedimiento, del cual se retira llorando”.

LA MALEABILIDAD DE LOS MENORES

Otro de los problemas que el defensor del Profe Juan plantea en este caso es que “los niños, a esta corta edad, son tremendamente inducidos por sus padres y por los equipos de profesionales que indirectamente prestan funciones para el MPA, como ser médicos, legistas y psicólogos. En las Cámaras Gesell que se realizaron, se ve en forma patente que el relato de los niños ha sido inducido. Es lo que está sucediendo con los procedimientos en la ciudad de Santa Fe: preguntas cerradas, inductivas. Los niños no logran armar un relato de lo que sucedió porque no pasaron por la experiencia. No la vivieron. Entonces, van y vomitan en la Cámara Gesell lo que vinieron a decir”. 

En este sentido, Barceló también denuncia que “una de las entrevistadoras pertenece a una de las partes, lo cual es una irregularidad absoluta. Estas cámaras no deberían ser tomadas ni por entrevistadores de la defensa ni del MPA. Debería haber un psicólogo forense absolutamente neutral y que dependa del Poder Judicial”.

¿UN OSCURO TRASFONDO DESCONOCIDO?

Según el entorno de la defensa, están en condiciones de demostrar que todo este caso se dispara a raíz de una mamá. Una persona que tiene una problemática emocional particular. “Me atrevo a decir esto en un medio, porque es lo que está en el legajo fiscal. Ella tiene una historia familiar muy complicada. Y no sé si será esa la causa por la cual a la madre se le dispara toda esta cuestión, cuando la niña le refiere que le dolía en la zona genital, porque había tenido un golpe”, expresa Barceló. Pero esta hipótesis justificaría el hecho de que esta persona “no le crea a los profesionales que sucesivamente le iban diciendo que el problema era solo suyo. La niña le iba contando a los diversos profesionales que lo que su madre decía no había acontecido”. 

LA NECESARIA IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO

Marcos Barceló asegura que la metodología con la que se están abordando este tipo de casos en Santa Fe “agrede fundamentalmente no solamente el derecho de defensa, sino el derecho de igualdad de las partes dentro del proceso. La fiscalía, con el pretexto de dar contención en este tipo de caso a las mujeres víctimas de violencia de género o abusos, hacen atender a las supuestas víctimas con psicólogos que son psicólogos de parte. Nunca he visto un psicólogo de estos que contradiga la hipótesis de los fiscales. Mientras tanto, en la defensa, nosotros no podemos abordar a los niños ni solicitar una pericia psicológica”.

Finalmente, recordando el episodio en la casa de la familia del acusado, que fue vandalizada y con sus mascotas asesinadas, el abogado relata: “Hay 43 llamadas al 911. Y el primer patrullero que  arribó lo hizo una hora después de la primera llamada, cuando ya todo se había consumado”.

Más allá de la evidente inacción policial, este episodio constituye más de un delito por el cual no hay ningún detenido. Mientras, por sospechas, el Profesor Juan T lleva más de cinco meses privado de su libertad. Si efectivamente fuera culpable de lo que se lo acusa, sería provechoso que sea demostrado en un juicio claro, transparente y con pruebas contundentes a la vista de toda la sociedad.